Fuera de nuestras fronteras surgen plataformas muy interesantes como la de Londres 2012 o iniciativas desde los gobiernos de Bélgica e Irlanda. Mientras, en España la situación no es tan halagüeña, actualmente solo un 1% de las administraciones públicas acuden a este sistema. Además, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, son solo las grandes empresas del sector tecnológico (Ver gráfico a continuación) las que están apostando por estos procedimientos.
Gráfico sobre uso TIC
Portugal, como ejemplo de proximidad ya esta tomando medidas, de momento en España parece que ni siquiera los 2.500 millones de euros que lograrían ahorrar las administraciones convencen a las autoridades para despedirse del formato en papel y pregonar con la e-administración.Y eso que estamos en crisis...
1 comentarios:
La actual estrategia de desarrollo de sistemas informáticos de Administraciones y Empresas Públicas en España, con software específico y alojado en equipos propios, implica que más de 16.000 funcionarios se dediquen al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones que trabajan de forma aislada, lo que genera un coste superior a los 1.700 millones de euros anuales.El empleo de una alternativa novedosa, como la utilización de aplicaciones compartidas instaladas en "la nube" (mantenimiento y actualizaciones centralizadas, y cada entidad pública trabaja con los mismos sistemas) puede reducir el coste de mantenimiento y operación en más de 1.000 millones de euros anuales.
Asimismo, el empleo de un sistema de contratación pública electrónica en lugar del tradicional sistema actual de licitación en papel podría generar un ahorro adicional del 5% en el coste de contratación de bienes, servicios y obras de la Administración Pública que, según las cifras de 2008, se traduciría en una reducción de más de 1.500 millones de euros adicionales.
En la actualidad, apenas un 1% de las Administraciones Públicas españolas cuenta con herramientas de licitación pública electrónica, lo que equivale a decir que prácticamente el 99% de las 12.000 entidades y empresas que integran el sector público siguen ancladas en los sistemas tradicionales de adjudicación.
Publicar un comentario